- Cuestionan legisladores a las autoridades luego de la confusión que afectó al magistrado Fernando Blúmenkron, a propuesta del diputado Héctor Salazar Porcayo.
El
Congreso emitió un exhorto a la Fiscalía General del Estado, a efecto de que informe
de sus convenios con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tras el caso del magistrado
Fernando Blúmenkron Escobar que fue confundido con un delincuente el fin de
semana pasado.
A
propuesta del diputado Héctor Salazar Porcayo, el Pleno aprobó la proposición
con punto de acuerdo por la cual el Congreso exhorta al fiscal General del
Estado de Morelos, licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, para que entregue a
esta Soberanía, a la brevedad posible, un informe sobre el diseño,
implementación y función de las instancias de inteligencia y combate a la
delincuencia organizada en la Entidad, así como de los convenios con el CISEN y
SEDENA para este mismo rubro.
Al
presentar la proposición ante sus homólogos, el diputado Salazar Porcayo relató
que el sábado 5 de octubre el coordinador de la Policía de Investigación
Criminal de la Fiscalía General del Estado, Martín Rizo Muñoz, fue obligado a
dar disculpas públicas a los comensales de un restaurante de esta ciudad, por
azuzar a elementos federales y militares para que ingresaran y catearan
violentamente el lugar, para detener a un supuesto criminal que resultó ser un
Magistrado Electoral.
Dijo que
este suceso pone en duda muchas de las expresiones hechas hace unos días ante
los propios diputados por el fiscal Rodrigo Dorantes, quien acudió a
comparecer, y cuestionó si existe coordinación entre la Fiscalía y el CISEN y
la SEDENA.
Apuntó
que si el gobierno de Morelos no cuenta con instancias de inteligencia
policiaca, ni con el apoyo del CISEN y la SEDENA para el combate a la
delincuencia organizada, ello abre la puerta a abusos y atropellos como el hoy
narrado y, peor aún a dar solo palos de ciego ante el enorme poder corruptor
del crimen organizado en la entidad.
Dijo que
las autoridades de seguridad deben tener arraigo al territorio que les
corresponde vigilar, conocer la entidad, su gente, su entorno político y
social, pues a falta de ello “se cometió un atropello, en el que insistimos no
sólo tiene fuerza por tratarse de un servidor público, sino que cobra mucha
importancia dada la impunidad en la que pueden haber caído muchos operativos
policiales en los que la ciudadanía no haya sido escuchada”.
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